Juan López Villanueva.
Abogado, notario y actuario, con especialidad en derecho penal internacional. Actualmente subdirector de control académico del heroico cuerpo de bomberos de la CDMX y miembro del Grupo Autónomo de Trabajo de Coahuila para el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU en materia de desaparición forzada de personas. Fué Director de Promoción y vinculación del Programa de Atención a Víctimas de la CNDH. Colaborador del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en Saltillo. Investigador del Instituto Mexicano de DH y Democracia. Secretario técnico de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Coordinador de vinculación de Sin Fronteras IAP. Director General de DH de la Procuraduría General de Justicia del DF (ahora Fiscalía de la CDMX). Segundo Visitador General de la Comisión de DH de San Luis Potosí. Visitador adjunto de la Comisión de DH del DF. Coordinador jurídico de la organización Acción Cristiana por la Abolición de la Tortura. Coordinador jurídico del Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de las
Casas (en San Cristóbal de las Casas, Chis.)
Las familias que atraviesan por la tragedia de una desaparición tendrán respuesta unánime a los siguientes planteamientos: Ninguna autoridad buscó, ni en las primeras 72 horas, ni después. Los agentes del Ministerio Público no han realizado una investigación consistente, o de plano no han hecho investigación alguna. Y, ni los fiscales generales, los presidentes municipales, gobernadores, presidentes de las comisiones nacional y locales de derechos humanos nos atienden, individual ni colectivamente. Considerando las desapariciones de la guerra contra la delincuencia organizada, muchas de ellas acontecieron entre 2007 y 2018. Y en la inmensa mayoría de ellas no hemos sabido ni verdad, ni justicia, ni reparación integral del daño. Muy recientemente, algunas desapariciones son atendidas por algunas instancias de búsqueda.
¿Por qué? ¿Por qué desaparecen las personas en México? ¿Por qué las autoridades en general parecen indolentes, ineficientes e inamovibles de sus escritorios? En cuatro párrafos intentaré proponer una explicación general.
En los últimos 50 años, impulsados por el mercado internacional de las drogas y la permisividad de Estados Unidos, inició en nuestro país la conformación de una delincuencia organizada que logró rápidamente el apoyo de autoridades policiales y políticas. José López Portillo tenía a su autoridad policial: Arturo Durazo Moreno; sobre Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la defensa nacional con Miguel de la Madrid Hurtado, tuvo siempre fuertes sospechas de colusión al respecto; Con Salinas de Gortari, su propio hermano (Raúl) era uno de sus embajadores con la delincuencia organizada, junto con diversos legisladores y secretarios de Estado. Pero esta situación devino en metástasis con Vicente Fox, y dos sexenios después la gangrena se esparció por prácticamente todo el territorio, con el apoyo de gobernadores, presidentes municipales, policías de todos los órdenes y con la trágica colusión, negligencia o cobardía de todas las agencias del Ministerio Público.
El Poder Público entró en una larga noche. Sus pocas excepciones solo remarcan la tragedia. En ese contexto nuestros hijos e hijas, cayeron entrampados, y padres y madres se vieron sorprendidas por un monstruo que serruchó nuestra paz para siempre. Todos los esfuerzos han sido prácticamente en vano, y esto se debe a la grave descomposición del servicio público, que se puede deducir de las mesas de interlocución que en algunos casos se dieron, pero que no se tradujeron en acciones concretas de búsqueda, o en acciones judiciales pues casi ningún juez conoció de las desapariciones, todas las carpetas de investigación quedaron atrapadas en la red del Ministerio Público, de las fiscalías.
Tras la llegada de la nueva administración, en 2018, se abrió una expectativa con forma de esperanza, pero esta se encuentra condicionada a varios factores, particularmente tres: 1. La clase política corrompida sigue vigente en buena parte del territorio nacional. 2. Los grupos de la delincuencia organizada se mantienen igualmente vigentes y más violentos que antes. 3. La política pública de la nueva administración no es lo suficientemente consistente para atender la emergencia víctimal.
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Desde 2014 orientamos nuestra atención a familiares de personas desaparecidas, víctimas de violaciones graves a sus Derechos Humanos.